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Lunes 16 de mayo de 2016

NACIONAL

Contra el “estado de excepción” y contra la derecha opositora

Por Milton D’León y Ángel Arias

¡Plan de Emergencia obrero y popular y Asamblea Constituyente Libre y Soberana!




El Presidente Maduro firmó un decreto por el cual se dicta el “estado de excepción y emergencia económica” que le confiere a sí mismo extensas atribuciones por otros 60 días, ampliando los alcances del que feneció pocos días atrás. También anunció la realización de maniobras militares el próximo fin de semana. Como era de esperar, la Asamblea Nacional lo va a rechazar, el gobierno apelará al TSJ que inmediatamente validara la medida. Hasta aquí, la rutina del “conflicto de poderes”. Sin embargo, esto hechos marcan un nuevo pico de extrema tensión política en la pugna entre gobierno y oposición alrededor del proceso de revocatorio, en el marco de la extrema crisis económica, social y política que atraviesa el país.

El Decreto busca fortalecer los aspectos más bonapartistas, es decir autoritarios, del gobierno, algo opuesto a los intereses de los trabajadores y el pueblo, y así debe ser denunciado. Maduro pide más poder para que “el gobierno se defienda y defienda al país”, pero lo que los trabajadores necesitan para derrotar todo avance reaccionario, venga de donde venga, y defender sus intereses, son las más amplias libertades democráticas, de organización y movilización, algo que el gobierno ya viene retaceando.

Por otra parte, al usar las bravuconadas intervencionistas del expresidente colombiano Uribe como justificativo adicional, cuando en verdad no hay riesgo de una inminente intervención militar extranjera, parece más un gesto destinado tanto a hacer más creíble la necesidad del estado de excepción, como a consolidar la unidad de las FANB en torno a su gobierno, en un momento donde parecen expresarse disensos en las cúpulas militares.

La incorporación de la figura de “estado de excepción”, aunque se haga con el pretexto de un supuesto “golpe de Estado”, condiciona las libertades públicas y amplía las atribuciones de las fuerzas de seguridad, apunta a reforzar el control social ante el enorme malestar popular que puede estallar en saqueos y bloqueos, así como contra los paros y luchas de los trabajadores, justificando una mayor “militarización” de las zonas populares, la “criminalización de la protesta obrera y popular" y, eventualmente la represión. Si se trata de enfrentar realmente a la derecha empresarial y proimperialista, entonces el pueblo trabajador necesita las más amplias libertades democráticas, para discutir, organizarse y movilizarse, sin restricciones desde el poder. Demás está decir que la oposición de los socialistas no tiene nada que ver con el punto de vista de la derecha, que muy bien apoyará la aplicación de la “excepción” para reprimir un estallido social o las huelgas y tomas de fábrica por los trabajadores.

La “emergencia económica” ya la hemos visto en acción en los meses de vigencia del anterior decreto: ha servido para aplicar una política económica que descarga el fardo más pesado sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo, combinando inflación y medidas de ajuste y aumentos de precios como los anunciados días atrás para los bienes de la canasta familiar. Un Decreto más de este tipo no sirve para combatir el desabastecimiento ni detener las maniobras de los empresarios que fugan capitales, especulan o paralizan la producción, porque está al servicio de justificar la desastrosa orientación actual y buscar un pacto con la burguesía en nombre del “nuevo modelo productivo”.

El revocatorio en cuestión

El objetivo político inmediato del Decreto es apuntalar a Maduro en un momento de extrema debilidad, frente al proceso de revocatorio que la MUD impulsa y que debe ser habilitado por el Consejo Nacional Electoral para seguir adelante. Como mínimo, es una carta que el gobierno pone sobre la mesa para imponer sus términos: “no se hará el referéndum este año”. En esto parece tener el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero ¿el presidente está tanteando para avanzar más e impedir directamente la consulta? Tanto Maduro como Diosdado Cabello insisten en deslegitimar la iniciativa opositora, pese a que la misma es un mecanismo constitucional mediante el voto al cual se sometió el propio Chávez en 2004. Es que el gobierno ha perdido apoyo popular por sus medidas en medio de la aguda crisis económica y social. La popularidad de Maduro ha bajado mucho y sabe que es muy probable que pierda el referéndum. Además, durante el proceso que llevará varios meses, su ya debilitada autoridad quedaría prácticamente en suspenso, aunque logre postergar su realización hasta el comienzos de 2017 (lo que en caso de perder le permitiría designar al vicepresidente para completar el mandato hasta 2019).

La MUD es una oposición empresarial y ligada al imperialismo, tiene tras de sí una larga tradición golpista que incluye el golpe de Carmona y los militares en 2002. En ella conviven varias líneas para avanzar contra el gobierno (desde los que buscan ganar la calle para exigir la renuncia de Maduro, a los que preferirían un “acortamiento de mandato”) pero ha encontrado en la vía del referéndum, impulsada inicialmente por Capriles, la forma de retomar la iniciativa política, adueñarse del argumento democrático y poner a Maduro en jaque, ante la perspectiva de enfrentar una compulsa en las urnas.

El propio proceso de referéndum, que hoy crispa al rojo vivo la confrontación entre el chavismo y la oposición derechista, podría ser el terreno donde buscar “consensos”. Es decir un pacto que permita encausar la “transición” a un poschavismo más estable, funcional a la necesidad de orden de la clase dominante, mediante acuerdos básicos entre la oposición, sectores del chavismo y las FANB, con apoyo de la “comunidad internacional” (es decir, del imperialismo y los gobiernos de la región) y del Papa (que ya está actuando en la crisis venezolana).

Que el referéndum sea habilitado, pero que se lleve a cabo recién el año próximo, es lo que facilitaría tal entendimiento, dejando en manos de un sucesor surgido del propio chavismo la dirección de la “transición” hasta 2019. ¿Se impondrá una salida de este tipo? Ante el nivel de crisis económica y polarización social, la pugna entre gobierno y oposición, que quiere acelerar los tiempos para poder sacar a Maduro, tensa la cuerda al límite. En estas explosivas condiciones nada puede descartarse, ni siquiera provocaciones o aventuras de uno u otro lado, más cuando tanto la MUD como el chavismo muestran fisuras internas e incluso en las cúpulas militares parecen abrirse paso desacuerdos en cómo enfrentar la crisis política.

Negar la habilitación del referéndum utilizando el “estado de excepción” sería un paso bonapartista que debe ser rechazado. El derecho a la realización del referéndum, que al menos se basa en una consulta a través del voto, debe ser respetado. No hay justificativo para que el gobierno decida permitirlo sólo cuando está seguro de ganar. Los socialistas revolucionarios afirmamos esto, al tiempo que denunciamos que la derecha aprovecha un instrumento como el revocatorio para sus objetivos antiobreros, privatistas y proimperialistas. Si el gobierno intenta frenarla con medidas arbitrarias que vulneren los derechos democráticos elementales, no hará sino llevar más agua al molino de la reacción.

Por una Asamblea Constituyente libre y soberana

Entonces ¿Referendum sí o no? La pregunta está mal planteada. No se trata de optar por una de las dos opciones: la que pretende la derecha o la que quiere el gobierno, sino de cómo responder a las aspiraciones democráticas legítimas del pueblo trabajador, que busca una solución a la gravísima situación y quiere hacer pesar realmente su voluntad en los asuntos nacionales en esta hora de aguda crisis.

El proyecto de la MUD, que bajo la demagogia democrática busca volver a una democracia neoliberal para ricos es también profundamente reaccionario. Una “transición pactada” se apoyaría en aspectos bonapartistas del actual régimen, a los que la MUD estaría muy dispuesta a recurrir para sus propios fines antipopulares y proimperialistas.

Las instituciones de la Quinta República, con su extremo presidencialismo, no permiten la plena expresión de esa voluntad, a pesar de fraselogía del chavismo, que habla de “participación” y “protagonismo”, e incluso de “poder popular”, hay más bien instrumentos de control gubernamental y cooptación, impidiendo una real participación popular en las discusiones centrales, como qué hacer con la deuda externa, la asociación con capitales extranjeros para explotar el petróleo y los recursos mineros, al adopción de medidas económicas y políticas, etc.

Los socialistas revolucionarios defendemos y pretendemos profundizar todo aquello que permita conquistar mayores libertades para el pueblo trabajador, rechazamos las restricciones a la libertad de expresión, manifestación o prensa, las figuras de “estado de excepción” o “de emergencia” que permiten suspender derechos para reprimir con el empleo del Ejército, etc.

Si vamos a discutir los problemas democráticos, vayamos hasta el fondo. Una respuesta independiente, que cuestione de raíz ambos proyectos solo puede surgir de las manos del pueblo trabajador, peleando por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, para debatir los grandes problemas políticos, sociales y económicos del país.

No se trata de una de esas Asambleas limitadas por los intereses políticos de uno u otro bando, como las que se han dado en décadas anteriores o en la Constituyente de 1999, que jamás tuvo poderes soberanos para discutir todos los asuntos. En la Constitución aprobada quedó asentado que se respetarían todos los “compromisos internacionales” (o sea la subordinación en lo fundamental a los intereses del capital imperialista) y la propiedad privada capitalista. Tampoco una Asamblea como la que menciona la derecha recientemente, que es para sacar a Maduro del gobierno y volver al viejo régimen de dominación puntofijista.

No, nos referimos a una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, donde la población pueda decidir sobre los grandes problemas del país, que concentre el poder ejecutivo y legislativo, eliminando el cargo presidencial que es una figura solo destinada a mantener el orden, la antidemocrática forma de representación de la Asamblea Nacional (que no es proporcional y sobrerrepresenta a la primera fuerza, hoy la MUD), la injerencia de las FANB en la vida económica y civil y su intervención represiva en el orden interno, eliminar el Poder Judicial, esa casta de jueces que no elige nadie, suplantándolos por jurados populares elegidos por sufragio universal.

Como parte de ello debería consagrar que las conquistas parciales obtenidas en estos años, como las nacionalizaciones, no pueda ser revertida. Al contrario, deben ser ampliadas: verdadera nacionalización del petróleo y los recursos naturales, bajo control de sus trabajadores y en alianza con las comunidades, para impedir los desastres a que lleva las nacionalizaciones la burocracia corrupta e ineficiente del gobierno, una profunda y radical reforma agraria y urbana, no pago de la deuda externa, monopolio estatal del comercio exterior bajo control obrero y popular, entre otras tareas.

Se trata en suma de una Constituyente donde discutamos la resolución efectiva de todas las demandas económicas, democráticas y sociales del pueblo trabajador, con representantes que ganen el salario de un obrero calificado y sean revocables en cualquier momento.

Una Asamblea así sólo se puede conquistar mediante la movilización, ligándola al conjunto de las demandas obreras y populares para responder a la crisis. En el camino de esa lucha, enfrentando también los ajustes que buscan imponerse y su bonapartización, los propios trabajadores harán su experiencia con cualquier ilusión que puedan tener que con esta democracia, que de “participativa y protagónica” como dice el gobierno o “representativa”, como dice la oposición, no tiene nada, lo que facilitará el surgimiento de organismos de autodeterminación. De esta manera podrán avanzar construyendo sus organismos de poder hacia la lucha por un gobierno de los trabajadores.

Control obrero colectivo (no de los burócratas del gobierno). Control popular del abastecimiento

El presidente Maduro reiteró en su discurso del sábado frases sobre control obrero y toma de fábricas. Pero altos voceros del gobierno ya aclararon que el decreto de emergencia “no es para expropiar empresas”. O sea que la intención no va más allá de para presionar o los empresarios, como es el caso de Mendoza, que ha paralizado las operaciones en sus cervecerías, tras años de recibir miles de millones de divisas a precio preferencial del gobierno.

Pero no se necesitan más “poderes especiales” para Maduro, sino aplicar una norma muy sencilla: que toda empresa que especule, paralice actividades o despida, sea nacionalizada inmediatamente, sin pago y bajo gestión obrera colectiva. Ya hoy, los trabajadores de la transnacional de Servicios petroleros Schlumberger, como de Café Venezuela y sectores de trabajadores del Grupo Polar están planteándose el control obrero. Retoman la experiencia que permitió derrotar el paro petrolero de 2002-2003.

Lamentablemente, el gobierno se ha apropiado de temas del programa de los trabajadores para vaciarlo de contenido e identificarlo con lo que hacen los burócratas, militares y camarillas varias que mal administran el Estado y se benefician con escandalosos privilegios , corruptelas, dueños de una arrogante prepotencia y reprimiendo a los trabajadores de base. Es el caso de las palabras “control obrero”, “socialismo” o “revolución”, sembrando así una enorme confusión de la que saca provecho la derecha para meter sus argumentos privatizadores.

Los intereses de los trabajadores chocan frontalmente con esta burocracia corrupta, ligada a la “boliburguesía” que medra a la sombra del Estado. Es ella la que empuja a la crisis las empresas estatizadas, administrándolas de acuerdo a sus propios intereses , desarrollando redes de corrupción, ejerciendo un mando autoritario, obstaculizando las iniciativas y denuncias obreras, etc.

Son los propios trabajadores los que pueden poner orden en este estado de cosas. Deben comenzar por tomar en sus manos la lucha contra el sabotaje y la especulación empresariales, por la defensa de sus fuentes de trabajo y el salario, haciendo efectivo el control obrero colectivo y acabando con el sistema de funcionarios puestos a dedo, burócratas ineptos y corruptos que abundan en las empresas estatales. Por eso, también en todas las empresas públicas y del “sector socialista”, corresponde imponer la gestión por los trabajadores, y su coordinación a nivel de cada rama y nacionalmente.

Otra gran tarea urgente es enfrentar la especulación y el desabastecimiento. El gobierno ofrece el racionamiento a través de los CLAPS mientras aumenta los precios de los bienes de consumo, sin por eso garantizar que acabe la escasez, mientras empresarios, autoridades y uniformados aprovechan la situación para beneficiarse con el mercado negro. Comités de Abastecimiento populares, democráticamente constituidos, debe ser la respuesta. Estos comités, junto con el control obrero de la producción, además de un digno salario mínimo vital y móvil y el reparto de las horas de trabajo sin pérdida de salario, son las primeras tareas de un Plan de Emergencia obrero y popular, con que responder a la catástrofe que nos amenaza.

A este plan debe articularse la lucha por una Constituyente Libre y Soberana en los términos planteados más arriba. Estamos convencidos que sobre esta base, la lucha por una Asamblea Constituyente acercaría a los trabajadores a la convicción de que la única solución de fondo es que tomen en sus propias manos la solución, instaurando un gobierno obrero y popular basado en sus propias organizaciones de lucha, el único capaz de resolver íntegra y efectivamente las tareas democrático-estructurales, como la liberación nacional, que el chavismo fue incapaz de resolver, y abrir el camino a la construcción de un verdadero socialismo, sin capitalistas ni explotación.

No hay tiempo que perder. Hay que exigir a los sindicatos que se pongan a la cabeza de la lucha e imponer la ruptura de su subordinación al gobierno. Hay que quebrar el control que la burocracia “amarilla”, directamente propatronal, retiene sobre sectores de trabajadores. Impulsemos la movilización independiente del gobierno, la MUD y toda variante patronal. Es posible dar pasos ya, comenzando por la coordinación de las luchas en curso, incorporando a las tendencias sindicales combativas, las organizaciones populares de base, las corrientes de izquierda.


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