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Otros Artículos / Comunicados, volantes y declaraciones

Viernes 11 de marzo de 2016

NACIONAL

Desapariciones y asesinatos de mineros en Tumeremo

Por Milton D’León


Las desapariciones mantienen en vilo a la población de esa zona. Familiares mantienen trancada la Troncal 10, principal arteria vial que comunica a Venezuela con el suroriente del país, exigiendo a las autoridades que aparezcan los cuerpos.

El Arco Minero del Orinoco

El caso ocurrió pocos días después de que el gobierno anunció un nuevo plan minero en el sur del país para impulsar la explotación de oro, cobre, hierro, diamantes y otros minerales. Se trata de una región del país con una compleja situación de las minas del sur de Bolívar, donde miles de mineros que vienen de toda Venezuela y de países vecinos se han ido acumulando durante los últimos años tras el aumento del precio de los minerales y la crisis económica venezolana. Y según estimaciones oficiales, Bolívar cuenta con las segundas reservas auríferas más grandes del mundo.

La región está ubicada en lo que se llama el Arco Minero del Orinoco, tiene una superficie de 111 mil kilómetros cuadrados, duplicando así la Faja Petrolífera del Orinoco y cuenta con reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial. No hace pocos días el ministro de Petróleo y Minería, Eulogio Del Pino habló de la importancia de los acuerdos que se firmaron con empresas nacionales e internacionales para la exploración y explotación del Arco Minero. El pasado 24 de febrero apareció publicado, en la Gaceta Oficial 40.855, el decreto número 2.248 mediante el cual se crea la llamada “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”. Mediante esta normativa el Ejecutivo Nacional entrega en concesión para la explotación minera una extensión que comprende el 12,2% del territorio nacional.

En dicho Arco Minero se crearon las llamadas “Zonas Económicas Especiales” cuyo objetivo es la atracción de capitales extranjeros mediante la creación de las llamadas “ventajas comparativas”, como exenciones tributarias y flexibilización de la normativa laboral en estas extensiones territoriales, tal como se establece en uno de sus artículos “Ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto”.

Se trata también de una región grande de explotación de la minería ilegal, y que si bien siempre ha existido en esta zona, ésta se ha disparado en los últimos años debido a la llegada de bandas armadas y la caída en la producción de las empresas básicas de Guayana, como también se le conoce a la zona de Bolívar. Sólo en el municipio de El Callao, que es uno de los 11 que componen Bolívar, se produjeron 90 asesinatos en 2015, según cifras de la alcaldía local. Del resto del estado no hay cifras oficiales, aunque la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia estima que Bolívar es uno de los estados con más homicidios del país.

La incógnita de quiénes estarían por detrás de las desapariciones

Al momento de escribir este artículo, y ya pasados varios días, aún no se han terminado de esclarecer los hechos, menos aún la aparición de los cuerpos. Pero a las pocas horas de la denuncia de las desapariciones, rápidamente tomó connotaciones políticas en primer lugar por parte de sectores del gobierno del estado Bolívar, ya que quienes tomaron la vocería de las denuncias originalmente fueron dirigentes políticos de la región ligados a los partidos de la oposición de la derecha.
De esta manera, el gobernador de Bolívar, el chavista Francisco Rangel Gómez, el sábado había declarado que era "absolutamente falsa la información que personajes de la derecha han estado mencionado, se hizo un rastreo recientemente esta tarde y no se encontró nada", afirmaciones que causaron escándalo pues familiares de los desaparecidos se encontraban movilizados en la zona, para luego pasar a afirmar que "se presume un enfrentamiento entre bandas armadas", contradiciéndose en sus afirmaciones. En segundo lugar por los partidos de la oposición que cargados de frases demagógicas, no dejaron de aprovechar la situación en momentos en que han definido la llamada “Hoja de Ruta” para buscar la destitución del gobierno de Maduro este mismo año.

Los ojos sobre integrantes de las FFAA no se hicieron esperar, sobre todo hacia integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército que tienen presencia en la zona, ya que es más que conocida la participación de estos ya sea directa o indirectamente en la explotación ilegal minera o de estar de estar involucrados en el comercio ilegal de minerales. Acusaciones a las que obviamente, el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, rechazaba hablando de "groseras acusaciones" por parte de partidos de la oposición.

Lo que hasta el momento se dice de las investigaciones

Ya de una manera más oficial por parte del gobierno, tres días después, el presidente Maduro, señaló que los primeros resultados de las investigaciones apuntaban a que el caso se trataría de una "posible matanza en una guerra de bandas" que actúan en el sur del estado de Bolívar, donde hay una intensa actividad de la minería ilegal, al mismo tiempo que anunciaba “la creación de una zona militar especial de protección a todos los municipios mineros”. Pero al momento no hay nada consistente en las declaraciones oficiales.

Por su parte, en rueda de prensa, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, que se desplazó a la zona, expuso los resultados de su visita a la población de Tumeremo, en las que ratificó que según las investigaciones en el terreno “hay evidencias de hechos punibles en el caso de los mineros que han sido denunciados como desaparecidos”. Explicando también que “existe una comisión mixta de alto nivel designada por el Jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros”. Ya el día martes había declarado que: "No vamos a adelantar hipótesis. Queremos comprobar los hechos que se están investigando (...) Ya hay algunos ciudadanos identificados que serían los que posiblemente ocasionaron estos hechos violentos denunciados”. Hasta el día de este jueves, el Ministerio Público declaraba que había establecido la identidad de 16 de las personas que estarían desaparecidas, y de acuerdo a sus informaciones las labores de búsqueda de los desaparecidos se mantienen, en ellas participan más de 500 integrantes de la Fuerza Armada Nacional.

Pero nada se ha esclarecido realmente sobre los hechos y menos de la aparición de los cuerpos. Lo que sí es claro hasta el momento es que por las fuertes protestas de los familiares y habitantes de Tumeremo, fue lo que obligó al gobierno nacional, regional y otras instituciones del Estado hayan tomado cartas en el asunto, pero con una lentitud que llama la atención, como tocando un terreno espinoso del que puede salir salpicado, sobre todo por las denuncias constantes hacia el gobernador del estado Bolívar y las propias FFAA de la zona. No ha faltado de quién haya hablado del “Ayotzinapa venezolano”. Los familiares han comenzado a responsabilizar a bandas mafiosas como la dirigida por “El Topo” de los hechos ocurridos, aunque este mafioso de la región, de acuerdo con la información suministrada por el cuerpo policial de la entidad, se encuentra detenido desde mayo de 2015.

Pero la cuestión de fondo no radica en si bandas de organizaciones criminales están involucradas en las desapariciones, sobre todo si se piensa en la lucha por territorio en la explotación de la minería ilegal, sino quiénes más estarían involucrados por detrás de los asesinatos. Por eso se habla mucho de sectores vinculados a la Guardia Nacional o del Ejército, así como de políticos de la región y locales, tanto partidarios del gobierno como de la oposición, que tendrían las manos metidas en la explotación ilegal de la minería.

En este marco solamente una comisión independiente de familiares y pobladores de la zona junto a organismos de derechos humanos pueden llevar a cabo una investigación hasta el final, independiente no sólo del gobierno y de las otras instituciones del Estado sino que también de los partidos de la oposición que seguramente tienen también intereses creados. Como sostienen los familiares: esclarecimiento y castigo YA a los responsables directos e intelectuales de las desapariciones y asesinatos en Tumeremo.


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