Los acontecimientos en Honduras tras el golpe de Estado, desplazaron por un tiempo la atención de los grandes problemas nacionales que se han venido desarrollando en el país, tanto los signados por los inicios de la crisis económica que comienza a repercutir como así también aquellos de orden político y de las luchas obreras en curso. Pero en el andamiaje del país se vienen manifestando toda una serie de hechos que prefiguran un curso político del gobierno con tendencias hacia una búsqueda de un mayor control político.

En la balanza de fuerzas nacionales en el momento político, fundamentalmente alrededor de las cuales se ha venido manteniendo la polarización política del país, el gobierno mantiene a la defensiva a las fuerzas políticas de la derecha. Dos hechos son simbólicos y claros, la huida intempestiva de Manuel Rosales acusado de corrupción y llamado a los tribunales, y la imposición de Jacqueline Farías como “Jefa de Estado para el Distrito Capital” (gobernadora) por decreto, despojando de casi todas las asignaciones a Antonio Ledezma (oposición de derecha), reciente electo como alcalde del Distrito Metropolitano -quedando este casi como figura decorativa. Rosales, pidiendo refugio en Perú seguramente bajo la vista gorda del propio gobierno permitiéndole su retirada, y el segundo haciendo una patética huelga de hambre en la sede de la OEA en Caracas, muestran la defensiva de una derecha que supo movilizar a decenas de miles en sus mejores momentos y se vio envalentonada luego de la derrota de Chávez el famoso 2D, y se mostró incapaz de organizar sus movilizaciones alrededor de dos de sus conspicuas figuras. Pero el desgaste de la derecha como mucho puede expresar un repliegue circunstancial, pues vimos que en medio de los acontecimientos de Honduras sintió aires frescos la reacción a nivel continental y se alineó en los hechos con la “salida” de Zelaya.

Con relación al movimiento obrero, sector que más ha venido luchando en el último período, el gobierno le saca provecho a dos grandes problemas estructurales: por un lado, la gran dispersión de las fuerzas de los trabajadores, tanto en el sentido de que cada sector lucha por su lado, como también a nivel de organización sindical a escala nacional; y por el otro, las importantes expectativas que la mayoría de los trabajadores tienen aún en la figura de Chávez, aunque no tanto en el gobierno en general, pues hay fuertes descontentos contra la burocracia estatal y burocracia sindical más ligada al gobierno. Aprovechándose de esta situación, Chávez ha venido ejecutando una política hacia los trabajadores que implica, por un lado, disciplinar al movimiento de masas en general, y por el otro, golpear las luchas más radicalizadas buscando disciplinar a la vanguardia obrera, y aislando a los sectores que no se sometan a los límites establecidos de su proyecto político.

Con estas ventajas relativas, Chávez ha venido avanzando en afianzar su gobierno intentando resolver sus grandes debilidades, procurando blindarse no tanto por el espectro de la oposición de derecha, sino frente a una crisis estructural económica que se cierne sobre el país y frente a la cual los trabajadores responderán, como ya lo estamos viendo. En artículos anteriores habíamos escrito que el gobierno de Chávez venía resolviendo su crisis de autoridad luego de las elecciones de la enmienda del 16 de febrero, centralmente por la derecha, aunque con algunos gestos de “izquierda”, como fue el caso de las recientes “nacionalizaciones” en Guayana, que implicaba un giro más bonapartizante.

En este marco se encajan la nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE), ya promulgada, que discrimina a los partidos pequeños y concentra en las manos de los grandes partidos la mayor representación parlamentaria, aún obteniendo apenas la primera minoría en las elecciones; así como la propuesta de Ley Contra Delitos Mediáticos, la cual a solicitud de la Fiscal General de la República y con claro beneplácito del ejecutivo, pretende “regular las malas noticias” para proteger al Estado, es decir, a los intereses de la burguesía y las capas dominantes de los trabajadores y sectores explotados. Del mismo modo, la criminalización de la protesta obrera, campesina y popular, llegando a números alarmantes de miles de campesinos procesados y más de una centena de trabajadores con régimen de presentación en la justicia; la imposición del gobernador del distrito metropolitano mediante leyes presidencialistas cuando su candidato en las elecciones municipales había sido derrotado por uno de la derecha tradicional; e incluso el saque fuera de juego de oponentes mediante "juicios por corrupción" mientras lo que prima en el gobierno es precisamente la propia corrupción, son claros y contundentes signos de un giro bonapartizante que busca disciplinar a la fuerza a los sectores que más luchan, que son hoy, en el marco de la crisis económica, justamente los trabajadores y sectores más golpeados.

Beneficiando empresarios y criminalizando la protesta

Mucho se ha escrito, y no es ninguna novedad, de las grandes ganancias de los sectores empresariales y de los banqueros en todo el gran período del boom petrolero, mucho hemos escrito de cómo en la distribución de la renta en su conjunto, en la relación capital-trabajo, la mejor parte se la han llevado los capitalistas y hasta sectores transnacionales. Y hemos escrito también sobre cómo frente a cada presión del sector empresarial, el gobierno ha venido cediendo a sus chantajes permitiendo la desregulación y el aumento de productos básicos de la cesta familiar. No hay discurso retórico sobre el “socialismo” y “contra” los capitalistas que pueda esconder esta realidad, como tampoco se puede ocultar la gran cantidad de sectores del gobierno y sectores empresariales ligados al mismo, que han dado origen a un nuevo sector económico que comienza a hacerse sentir en determinados ramas económicas.

En las tan cacareadas “nacionalizaciones” han sido también los grandes capitalistas extranjeros los que se han beneficiado con las jugosas indemnizaciones, cuando si de soberanía se trata no se les debía haber pagado un solo centavo. Hasta felicitaciones ha recibido el gobierno de las bien llevadas compra-ventas, tal como lo hizo el gobierno español por el buen negocio en la adquisición del Banco de Venezuela, así como también por el buen pago por Sidor, gracias a la intervención de la gran amiga de Chávez, Cristina Kirchner, que actuó a favor del grupo Techint. Esto para sólo mencionar algunos casos, sin hablar de CANTV, las cementeras, las de la electricidad, las del sector petrolero.

Y es un hecho innegable la creciente criminalización de la protesta por parte del gobierno, echando mano de todas las leyes reaccionarias del ordenamiento burgués, para todos aquellos que salen a luchar por sus demandas fundamentales. Hablamos tanto de las viejas leyes, como las nuevas realizadas por el gobierno que tanto alarde hizo que eran para hacerle frente a la derecha, que se han venido aplicando sobre los trabajadores, los campesinos y sectores populares. Nos referimos a las del Código Civil, la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación, la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, la Ley especial de defensa popular contra el acaparamiento, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de alimentos o productos sometidos al control de precios. El caso más notorio ha constituido el de los trabajadores de PDVSA Gas Comunal, que luchando por sus demandas se vieron obligados a paralizar sus actividades, pero se les aplicó la Ley de bienes y servicios que puede acarrear una condena de diez años de prisión; o la de los trabajadores de PDVSA Gas Anaco, que bajo los dictámenes del Código Civil, varios de ellos sufren prisión, y otros protestan desde hace meses en las propias puertas del Ministerio del Trabajo, donde fueron reprimidos.

Las luchas de los trabajadores arrecian tanto en el sector privado como en las grandes empresas estatales. Lo vemos incluso en las empresas de reciente nacionalización como las petroleras de la Faja del Orinoco y en Sidor. Y es que el gobierno incorpora más contradicciones a su interior con las nacionalizaciones, al incorporar a su seno a un grueso de trabajadores que no ven todas sus reivindicaciones fundamentales cumplidas, como convenios colectivos paralizados o chucutos, y donde la precarización laboral continúa con la gran cantidad de trabajadores tercerizados y/o contratados. Es que más allá de la verborragia del gobierno de Chávez, de que constituyen “empresas socialistas”, la relación de explotación capital-trabajo continúa tal cual, y a sabiendas de esto, el gobierno busca eliminar o debilitar a los sindicatos allí presentes, recurriendo a la figura de “consejos de trabajadores” para un control más directo sobre los mismo, tratando de aprovechar la figura del propio Chávez.

Y en este marco, donde la economía nacional a más de 10 años de gobierno, el capital privado representa más del 70% del PIB, y se evidencian rasgos importantes de capitalismo de Estado con la incorporación de empresas importantes a su órbita, donde la "regulación" estatal al capital es realmente timorata, el Estado continua actuando como un garante de la reproducción ampliada del capital, garantizando todas las normas y aplicando las leyes contra las propias masas laborales, para que los de siempre se siguan llevando las grandes ganancias. Como vemos, en el “socialismo” con empresarios de Chávez, se beneficia a los empresarios y se criminaliza la protesta de los trabajadores, campesinos y pueblo pobre.

Concentrar las fuerzas obreras y centralizar las luchas como estrategia para vencer

Las actuales luchas de los trabajadores tienen dos contenidos claros, por un lado, político por el odio marcante hacia la burocracia estatal y a sectores de la burocracia sindical, y por el otro, demandas inmediatas de su propia clase, como la defensa de su fuente de trabajo, mejores salarios y convenios colectivos más justos. El odio a la burocracia estatal ha sido un elemento dinámico en la mayoría de las luchas del sector de las industrias del estado como así también en la administración pública. Esto se expresa en las elecciones sindicales de los petroleros de PDVSA donde el propio ministro Rafael Ramírez es fuertemente repudiado, como también en Sidor y las empresas del aluminio, donde el ministro Rodolfo Sanz no goza de la menor simpatía entre los trabajadores.

Es que si bien es importante el liderazgo de Chávez en los sectores obreros, su relación con éstos pasa centralmente por la figura directa del presidente, pero no cuenta para sí con sólidos aparatos sindicales dentro del movimiento obrero. Sin embargo, la ausencia de una relación más orgánica, vía grandes aparatos sindicales entre Chávez y el movimiento obrero, es una deficiencia que ha venido arrastrando en todo su gobierno, y que en los últimos años, al calor de la lucha obrera, se expresa con más claridad, constituyendo una ventaja para los trabajadores, para avanzar hacia la construcción de organismos propios de autodeterminación, de sindicatos clasistas, en una lucha tenaz por la independencia de los sindicatos del Estado y la lucha por la independencia política de los trabajadores.

Frente a la gran dispersión de las fuerzas y de las luchas obreras hoy en curso, se hace imprescindible hoy más que nunca avanzar hacia la mayor unidad del movimiento obrero. Como afirmamos en uno de los artículos sobre la necesidad de la unidad de las fuerzas obreras, es clave que los trabajadores avancen hacia la concentración de sus fuerzas y la centralidad de sus luchas como estrategia para vencer. En este camino tenemos confianza que en éste proceso de luchas, de resistencia y de organización, madurará la experiencia política de los trabajadores con el chavismo, que permita superar los escollos que éste trata de imponer, y avanzar hacia la lucha por un gobierno propio de los trabajadores y el pueblo pobre.