La mañana del 19 de septiembre de 2014, los compañeros Leinys Quijada, Rederick Leiba y Heberto Bastardo, trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) y pertenecientes al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (SUTISS), al que pertenecemos, fueron detenidos en base a testimonios que los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) mantuvieron anónimos; se les abrió acusación por tráfico de armas y asociación para delinquir con el firme propósito de frenar la lucha que veníamos dando para obtener celeridad y transparencia en la firma del contrato colectivo vencido desde hacía cuatro (4) años, efectuándose la detención justamente luego de que el gobierno nacional pusiera fin a la huelga empleando sus cuerpos represivos y militarizando la fábrica. Cabe destacar que la fiscalía emite la presente orden ya que “no cuenta con las pruebas necesarias para sostener por mucho tiempo estas acusaciones”.

En repetidas oportunidades el gobierno nacional ha intentado responsabilizar por el estado crítico en que se encuentra SIDOR a quienes luchábamos por la discusión y cumplimiento del contrato colectivo acorde con nuestras necesidades. A quienes veníamos denunciando las irregularidades y la corrupción en la alta gerencia de la empresa por sus turbios negocios y por la desviación de recursos que se traduce en la falta de mantenimiento e inversión en los equipos. Se nos responsabiliza a quienes a través de nuestras luchas logramos que SIDOR fuera re nacionalizada y ponemos diariamente el cuerpo en la producción, nunca a los verdaderos culpables. Es el mismo gobierno el que se rehúsa a cancelar la deuda con los trabajadores y a firmar una convención colectiva consoná con nuestra realidad, alegando que “no hay dinero”.

La huelga que iniciáramos el pasado año tocó un punto crítico cuando el secretario de organización de nuestro sindicato SUTISS, José Meléndez, dirigente de la corriente Alianza Sindical, firmara un “acuerdo secreto” sobre el contrato, a nuestras espaldas con el propósito de desactivar la lucha, pero no hizo más que redoblarla, y esta solo pudo ser desarticulada con la intervención de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) militarizando las áreas, y poniendo tras las rejas a los tres sidoristas; estos métodos de acordar con el gobierno a espaldas de los trabajadores es común en toda la burocracia sindical de SIDOR, particularmente la encabezada por José Luis Hernández y José Meléndez, ambos ficha del gobierno que una y otra vez han demostrado su papel en apaciguar nuestras luchas y atacar a los sectores más avanzados de la vanguardia obrera en SIDOR. El caso de José Meléndez resulta emblemático, pues este accionar le ha convertido en merecedor de un rotundo rechazo por parte de la base del sindicato, que se tradujo luego en la suspensión de las elecciones sindicales por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por los bajos números con que contaba Meléndez.

A principios de mayo el compañero Cruz Hernández, delegado departamental de SIDOR y miembro de la corriente sindical Tendencia Clasista, declaraba: “es la libertad plena de nuestros tres compañeros detenidos ilegalmente por hacer uso de su legítimo derecho a la protesta. Exigimos respeto a las libertades democráticas y que liberen a todos los presos políticos". Todo esto como parte de la gran campaña por la liberación de los compañeros detenidos por luchar.

La historia de los más de ocho (8) meses de reclusión para estos trabajadores estuvo plagada de irregularidades. Según el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) se dispone un período de 45 días para que el (o la) fiscal a cargo presente acusación mediante la decisión del juez o la jueza de control, de lo contrario se deberá imponer una medida cautelar sustitutiva. Y es por esta razón que el día 6 de noviembre, la defensa solicitó ante el Tribunal de Primera Instancia la “regulación y control judicial en cumplimiento de la ley”. La hermana de Leinys Quijada, abogada en ejercicio, una vez vencido el lapso decretado por el COPP declaró el procedimiento como “fuera de ley” e interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones del Circuito Penal del estado Bolívar.

No fue sino hasta el iniciado el mes de mayo que el secretario de organización de nuestro sindicato (SUTISS), José Meléndez, comenzara a pronunciarse y gestionar la excarcelación de los compañeros detenidos detenidos, en palabras del compañero Cruz Hernández: “es ahora cuando Meléndez viene a preocuparse de los compañeros sidoristas presos” […] “él se prestó para la detención de los sidoristas (…) se diseñó una política en un laboratorio de guerra sucia, en donde está involucrado (José) Meléndez con los coordinadores de las planchas 2,7,40, y de la 100, quienes se prestaron para la detención de sus compañeros y cuyo objetivo fue el de quebrar las luchas que se dieron en SIDOR e imponer un contrato que se tiene en este momento, y el otro objetivo era el de crear un sindicato paralelo, un sindicato intervenido” sentenció.

También es de destacarse que para la revisión de la medida privativa de libertad, se contó con el aval de 12 mil firmas solidarias que logramos recoger. Es que desde que se conoció la detención de Quijada, Leiba y Bastardo, distintas organizaciones políticas, sindicales, y organismos de DD.HH. agitamos consignas de solidaridad por el desprocesamiento de nuestros compañeros, lucha que se mantendrá mientras exista la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad número 013-2015, y continúen las audiencias, para la cual se logró un anticipo pues se tenía prevista para el 14 de junio y se adelantó para el jueves 28 de junio, pero como recalcaba el compañero Cruz Hernández, “no detendremos la lucha hasta que hayamos obtenido la libertad plena para nuestros compañeros”.

Sin embargo, los casos de Frederick Leiba, Leinys Quijada y Heberto Bastardo, no serían los únicos casos de compañeros obreros presos por luchar, actualmente se conocen los casos de 8 trabajadores de la empresa mixta CIVETCHI condenados a 5 años de prisión en la cárcel de Tocuyito por intentar organizar un sindicato, y también el conocido caso del compañero Rodney Álvarez, trabajador de FERROMINERA que encabezó las luchas por el cumplimiento del contrato colectivo de la empresa, que yace preso en El Rodeo II, pagando años de prisión. Pero también están los casos de cientos de compañeros obreros, campesinos e indígenas, enfrentando medidas restrictivas de libertad o directamente amenazas de presidio por haber participado en alguna asamblea, paro, ocupación de fábricas, tomas de tierras, o simplemente por repartir un volante.

Finalmente es importante resaltar las lecciones de estos últimos meses de lucha, desde las jornadas de más de 100 días de lucha del tercer trimestre del pasado año, la necesidad de sistematizar las luchas, estableciendo la más resuelta independencia de clase, la solidaridad en las filas de amplios sectores de masas, la masificación y concentración de nuestras luchas, puesto que será el factor determinante en la suerte que corran nuestros compañeros obreros, imputados y castigados por el “delito” de luchar por un justo contrato colectivo y un salario digno.