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Periódico / DERECHOS HUMANOS

Viernes 5 de julio de 2013

A CUATRO MESES DE SU ASESINATO

SABINO ROMERO, ¡PRESENTE!

Por Ángel Arias


El 03 de julio se cumplieron cuatro meses desde que el domingo 03 de marzo fuera asesinado el cacique yukpa Sabino Romero, principal dirigente de la lucha por la tierra y el territorio indígenas. Después de este vil y anunciado crimen político y de clase, vinieron los gestos y promesas gubernamentales sobre “justicia” y entrega de tierras, pero no pasaron de allí. Como denunciaba en mayo pasado Sociedad Homo et Natura, “hay un estruendoso silencio en el Ministerio Público y en el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Todo está en calma, así como en la Cancillería, a pesar de que el 25 de este mes se vence el plazo de los 60 días dado como fecha tope por el Canciller Elías Jaua, de comenzar a entregar haciendas y parcelas liberadas al pueblo Yukpa”.

La impunidad para con las clases dominantes

“Hasta ahora nadie sabe quiénes pagaron y asesinaron a los dirigentes Yukpa Sabino y Alexander, mucho menos a los otros seis indígenas muertos. Según lo que saben los Yukpa, a los asesinos materiales se les ve de vez en cuando caminando por las calles de Machiques, y que ningún poderoso va a ir a la cárcel, dado el poder cívico militar policial enroscado en torno al problema en cuestión y el dinero que se mueve para neutralizar voluntades” [1] . Peor aún, nos enteramos al cerrar esta nota de la podrida operación mediático/policial adelantada desde el CICPC, que busca anular a testigos claves, en este caso los hijos del cacique Sabino, sindicándolos como sospechosos de complicidad en un secuestro, “sospecha” que se encargaron en la policía científica de poner a rodar en los medios de comunicación (ver El Nacional, 14/06): el objetivo es anular su testimonio en un posible juicio (¡si es que llega a hacerse el juicio!).

Así se resume la situación del caso hoy. La red de intereses y complicidad que va desde los ganaderos que pagan sicarios hasta los policías y militares cómplices de los mismos, pasando por el sistema de “justicia” y funcionarios gubernamentales, se mantiene en pie y, hasta ahora, saldrá ilesa de este crimen que corona una seguidilla de ataques y asesinatos selectivos de miembros de las comunidades yukpa en lucha.

El propio Sabino, en una de sus últimas declaraciones lo denunciaba: “Machiques está lleno de sicarios y paramilitares. No hay ley en la Sierra de Perijá…ni un ganadero está preso. Pero si un yukpa actúa, ahí sí dicen que actuamos como cuatreros” [2].

Los terratenientes usan métodos de guerra civil contra los campesinos y pueblos indígenas sin tierra, en medio de la más campante impunidad, garantizada por quienes dicen estar llevando a cabo hace 14 años una “revolución”.

La lucha por la tierra y el territorio enfrenta la propiedad capitalista y los planes de “desarrollo” burgués

Como señalamos al día siguiente del crimen, “Sabino Romero representaba el sector de indígenas yukpa que se negaba a aceptar las míseras condiciones que le ofrecían los ganaderos y el Estado… En su lucha por recuperar sus tierras y territorio, se negaba a aceptar la demarcación que querían imponerles, donde los ganaderos y hacendados se reservaban las mejores tierras, y dejaban a los pueblos originarios terrenos sin ningún futuro” [3]. Pero no solo se trataba de los tradicionales invasores, sino también de los planes de supuesto “desarrollo nacional” del gobierno, que contemplan ampliar e intensificar la actividad minera en asociación con capitales transnacionales, entre otras zonas, en la Sierra de Perijá –así como en zonas del estado Bolívar donde habitan comunidades Pemón, Ye’kwana y Sanema–, con una línea extractivista con miras al uso “endógeno” y, sobre todo, hacia la exportación (ver recuadro) [4].

Un gobierno que calumnió, hostigó, aisló y encarceló al principal dirigente indígena en lucha

Si bien los principales y directos enemigos de Sabino Romero y la lucha de los yukpa son los ganaderos agrupados en GADEMA (Ganaderos de Machiques), el gobierno nacional y las instituciones del Estado han tenido una responsabilidad de primer orden en el sostenimiento de la opresión y los crímenes contra el pueblo yukpa. El gobierno es responsable de la política de división al interior de los yukpa, al imponer: a) la división del territorio en parcelas privadas; b) una demarcación en perjuicio del reclamo histórico; c) la figura de “caciques mayores”, ajena por completo a los pueblos originarios, creando desde el Estado (“criollo”, “burgués”) una burocracia indígena sostenida por éste; d) política de privilegios y prebendas a los caciques e indígenas que se subordinaran a la política gubernamental; c) exclusión y calumnias a los indígenas que persistían en el reclamo histórico y en los métodos de lucha.

Una larga lista de funcionarios gubernamentales, incluyendo ministros, no ahorró calumnias y ataques contra Sabino y los yukpa en lucha, contribuyendo criminalmente con la matriz de opinión y condena moral de los terratenientes y los medios de comunicación del Zulia, que actuaban en connivencia de intereses con los hacendados. Los ganaderos buscaron fusilar “moralmente” ante la “opinión pública” a Sabino y los yukpa en lucha, en la medida que preparaban e intentaban su fusilamiento real: ¡lo que finalmente lograron! Y el gobierno del presidente Chávez fue parte de esa matriz: “asesino”, “invasor”, “violento”, “asesorado por ONG’s internacionales”, “ladrón de ganado”, etc., fueron parte de los calificativos que el gobierno usó para referirse al dirigente indígena que no se dejó comprar –ni por los ofrecimientos de los terratenientes ni del gobierno.

El gobierno hizo lo que estuvo a su alcance para aislar la lucha yukpa y su principal dirigente: a) a través del ejército reprimió e impidió la llegada de activistas que llevaban solidaridad y alimentos a la Sierra de Perijá; b) en los medios de comunicación estatales no salían sino las versiones oficiales y de los dirigentes indígenas subordinados al gobierno, estableciendo un verdadero cerco mediático (incluso estando movilizados los yukpa en la capital); c) a través del Ministerio Público se le inició un juicio a las dos organizaciones que más venían acompañando la lucha (Sociedad Homo et Natura y PROVEA), por haber apoyado una protesta yukpa ante el TSJ en 2010; d) en noviembre (2012) intentó impedir la llegada de una movilización yukpa a Caracas, reteniéndolos sin motivo alguno durante horas en diversas alcabalas militares –¡cualquier autobús podía circular por el país y llegar a la capital, menos donde venían los yukpa!– y tratando de desviarlos fuera de las calles de la ciudad una vez lograron llegar.

¿A quién beneficiaba la “matriz de opinión” calumniadora contra Sabino Romero? ¿A quién beneficiaba el aislamiento y el ocultamiento ante el pueblo de la situación de los yukpa? ¡A quienes buscaban asesinarlos, como en efecto lo han hecho!

Pero también debió pasar Sabino Romero –así como Alexander Fernández y Olegario Romero– casi año y medio preso (octubre 2009-marzo2001) acusado de un asesinato ocurrido en la ocupación de una hacienda. Una vez más, el gobierno mostraba que los “derechos indígenas”, –y los derechos en general– son letra muerta cuando se enfrentan realmente al poder burgués: desconoció totalmente el principio constitucional de que fuese la jurisdicción indígena quien resolviese un asunto ocurrido entre miembros de su mismo pueblo.

Maduro: el vicepresidente que se negó a recibir a los Yukpa

El presidente que hoy convoca y recibe sonriente a lo más concentrado de la burguesía nacional para conversar amenamente y llegar a acuerdos favorables a los empresarios, en desmedro de los trabajadores y el bolsillo del pueblo, siendo Vicepresidente en noviembre del año pasado se negó a recibir a los yukpa, una vez que hubieron superado los obstáculos que el gobierno y sus militares le pusieron, en una extenuante movilización a Caracas hecha en 28 horas de viaje –un trayecto que normalmente se hace en unas 10 horas– y costeado mediante las colectas entre las organizaciones solidarias con su lucha. (…) allí estuvieron en la calle, frente a la Vicepresidencia, hostigados por la policía y sin ningún medio estatal que viniera a “darle voz a los que no tienen voz”… el vicepresidente nunca los recibió. Fue la última venida a Caracas de Sabino Romero antes de ser asesinado.

¡Basta de impunidad! ¡Sólo una comisión investigadora con total independencia frente al Estado puede llegar hasta el final!

Este nuevo crimen de clase hasta ahora va quedando impune. Es de esos golpes que buscan atornillar más aún las cadenas de la explotación y la opresión, como los asesinatos de los cientos de campesinos, de los otros yukpa, y de decenas de dirigentes sindicales, incluyendo los tres dirigentes que encabezaban la Unión Nacional de Trabajadores en Aragua en 2007 (Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena), el trabajador de Ferrominera asesinado por bandas armadas ligadas al PSUV y la gerencia de la empresa, los dos obreros muertos a tiros en la Mitsubishi de Anzoátegui por la represión policial bajo la responsabilidad del entonces gobernador Tarek William Saab, quien fue avalado por el propio Chávez, absuelto de toda responsabilidad, ¡y es hoy parte de una comisión de la Asamblea Nacional para investigar crímenes contra los Derechos Humanos! Todos impunes.

Sostenemos que las exigencias de justicia limitadas a presionar al propio Estado para que la haga no llevarán a ningún lado. ¿Quién puede pensar sensatamente que habrá justicia dejando las investigaciones en manos de los cómplices de los asesinatos, o incluso, de los asesinos directos? ¿Puede alguien pensar que el CICPC, la Fiscalía, etc., garantizarán “ahora sí”, ir hasta el final y vencer la impunidad? La única manera de garantizar llegar hasta los culpables, materiales, intelectuales, y políticos (¡porque hay responsabilidad política en esto!), es que se constituya una comisión investigadora independiente, conformada por los propios miembros de la comunidad yukpa (¡quién más que ellos interesados en conocer la verdad!), por organismos de Derechos Humanos, por las organizaciones solidarias que los propios yukpa decidan convalidar e invitar, y por organizaciones obreras, populares, campesinas y estudiantiles, como observadoras y acompañantes. Solo una comisión investigadora de este tipo, y que tenga acceso libre e irrestricto a toda la información y recursos necesarios para conocer la verdad, puede dar pasos reales contra la impunidad y por la justicia para Sabino y los demás yukpa.

[1“¿Quién pagó para asesinar a Sabino y Alexander?”, 23/05/13, en www.derechos.org.ve/2013/05/23/sociedad-homo-et-natura-quien-pago-para-asesinar-a-sabino-y-alexander/.

[3“Un crimen anunciado. Asesinado vilmente el cacique yukpa Sabino Romero”, www.lts.org.ve.

[4Cfr. “Programa de la Patria 2013-2017”.






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