Nuevos vientos agitan al gobierno de Chávez, y en pleno verano subtropical, caracterizado por escasez de lluvias, las amenazas de tormentas políticas se anticipan con fuertes nubarrones en el horizonte. Se cruzó primero la crisis de los bancos, que fue más que una crisis bancaria, pues apenas representaba uno por ciento de movimientos financieros, fue el destapar de la corrupción a luces vista en el gobierno.

Hace apenas un año más de dos millones de norteamericanos llenaban las calles de Washington para presenciar la asunción de Barack Obama, el primer presidente afroamericano de la historia del país. Las expectativas en el “cambio” que había prometido en su campaña eran enormes y su popularidad rondaba el 80%, sobre todo entre los trabajadores, los jóvenes y las minorías oprimidas.

El terremoto que arrasó Haití el pasado 12 de enero produjo una verdadera catástrofe en el país más pobre del continente. Según la ONU, 3 millones de personas, casi un tercio de los 10 millones de habitantes, han sido afectadas directamente, mientras que el propio gobierno haitiano afirma que los muertos podrían superar los 200.000. La ONU también alertó que el número de víctimas puede duplicarse a causa de las epidemias e infecciones, que podrían desatarse como consecuencia de la falta de agua y el estado de descomposición de los cadáveres.

En el marco de la profunda recesión y alta inflación que vive Venezuela, el gobierno de Hugo Chávez anunció la devaluación de su moneda, el bolívar, y un plan de racionamiento energético que impacta en la economía y repercute directamente sobre el pueblo. De esta manera, en la primera quincena de enero, una vez más para paliar la inestabilidad económica reinante el gobierno de Chávez no hace más que tomar medidas que benefician a pocos y golpean a millones de la clase trabajadora y del pueblo.

Han pasado seis meses desde que el presidente Chávez anunció el Plan Guayana 2009, incluyendo un conjunto de inversiones para el “relanzamiento” de las empresas básicas “bajo control obrero”. Hoy queremos referirnos a la crisis eléctrica, al llamado Plan de Racionamiento Energético y sus implicaciones sobre las industrias siderúrgicas y sus trabajadores.

La abrumadora maquinaria de propaganda y publicidad del gobierno se encarga de vender como “revolucionarias” y hasta “socialistas” sus políticas, afirmando en ese sentido que su gestión de la crisis económica es “obrerista” y “en defensa de los más pobres”. Sin embargo, un breve examen de la realidad permite ver la completa falsedad de estas afirmaciones.

El 1º Congreso extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), reunido del 19 al 21 de noviembre y junto al que se realizó un heterogéneo “Congreso internacional de partidos de izquierda” fue el escenario escogido por el Presidente Chávez para hacer una imprevista convocatoria a los presentes: “convocar a los partidos políticos y corrientes socialista a crear la Quinta Internacional Socialista como una nueva organización que se adecue al tiempo y a los desafíos que vivimos, y se convierta en un instrumento de unificación y articulación de la lucha de los pueblos para salvar a este planeta”.

El pasado 8/11 el presidente Hugo Chávez sorprendió una vez más a la región al dirigirse a sus Fuerzas Armadas indicándoles que: "Señores militares no perdamos ni un día en nuestra principal misión: Prepararnos para la guerra y ayudar al pueblo a prepararse para la guerra, porque es responsabilidad de todos". Todo con referencia a un eventual conflicto con Colombia expresando la hipótesis bélica de una "agresión abierta (de EE.UU.) contra Venezuela utilizando a Colombia".

De un plumazo Chávez sancionó la reforma parcial de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Bolivariana el pasado 21/10. No entraremos en detalle del conjunto de la reforma, pero sí en lo que tienen que ver con las llamadas “Milicias Bolivarianas”, bajo el supuesto de un componente “ligado al pueblo”, pero que en verdad no sería sino una nueva fuerza con implicaciones más profundas sobre el control del pueblo y los trabajadores

La detención del trabajador y Secretario General del sindicato de Ferrominera del Orinoco, Rubén González, es parte de una escalada del gobierno nacional contra la libertad y autonomía sindical, y orientada a criminalizar las protestas de los trabajadores. Hace unas semanas culminó una huelga en la FMO que paralizó las áreas de extracción de hierro, teniendo los trabajadores que enfrentar no sólo a la empresa, sino a toda la corte de “sindicalistas” gobierneros, incluyendo un ala del sindicato de la FMO, así como los diputados del PSUV y a la gobernación del estado.

En Venezuela, la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo en un comunicado que “quienes alteren la tranquilidad y la paz pública para producir inestabilidad de las instituciones, desestabilizar el Gobierno, que atenten contra el sistema democrático serán enjuiciados…”, y remató con que “a quienes alteren la paz y el orden público serán castigados con prisión de 12 a 24 años”.

Nuevamente la discusión política nacional se polariza entre el gobierno y la oposición de derecha, esta vez alrededor de la recién promulgada Ley Orgánica de Educación (LOE). Por un lado, el gobierno habla de una suerte de “justicia social” para la educación, y por el otro lado, la oposición de derecha, se opone defendiendo el carácter mercantil de la educación. En este texto queremos dejar sentada nuestra posición sobre la nueva Ley promulgada en plena época de vacaciones estudiantiles, tomando en cuenta los elementos más resaltantes de la misma, dejando claro como punto de partida que se trata de una polarización de la cual, como veremos, los trabajadores y el pueblo pobre no podemos quedar presos sino que es necesario construir una opción propia